La Ley Paola Buenrostro ya se aplica en un estado de México. Sin embargo, si bien tiene fecha acordada, la Ciudad de México (CDMX) todavía no la aprueba. Conoce en qué consiste esta normativa que aborda los transfeminicidios, con penas de prisión de hasta 60 años.
La CDMX transita un aumento de los casos de transfeminicidios. Por este motivo, las protestas y convocatorias de los grupos activistas y comunidad LGBTI se han intensificado. Tal es así que el Congreso de la ciudad acordó la aprobación de la Ley Paola Buenrostro para el próximo 18 de julio.
Cifras de transfeminicios en México en lo que va de 2024
En lo que va del año 2024, se han estipulado estas cifras de transfeminicidios:
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Sin embargo, según denuncian las organizaciones civiles como Lleca-Escuchando la Calle, muchos casos ni siquiera se registran. Además, según un reporte de Letra S, Sida, Cultura y Vida, el 65% (43 casos) de las 66 víctimas de crímenes de odio contra personas LGBTI en 2023, eran mujeres trans.
¿De qué se trata la Ley Paola Buenrostro y en qué estado de México se registró el transfeminicidio como delito?
La Ley Paola Buenrostro es una iniciativa que propuso la activista trans Kenya Cuevas, quien presenció en 2016 el asesinato de la mujer trabajadora sexual que le dio el nombre a la normativa. Dicha muerte fue el primer transfeminicidio reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF).
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El estado de México que registró el transfeminicidio como delito es Nayarit y lo hizo el pasado 5 de marzo. La ley aborda los siguientes aspectos:
- Establece el término Transfeminicidio como delito: el objetivo es dejar claro que quienes cometen este acto, lo hacen por la identidad de género o expresión de la mujer trans. En otras palabras: se busca identificarlo como un crimen de odio.
- Castigo para las personas que cometan el delito de transfeminicidio: sentencia de 35 a 60 años de prisión.
- Las personas servidoras públicas que obstaculicen (maliciosamente o por negligencia) el proceso de justicia, deben obtener la destitución o una pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1,500 días de multa.
- Los funcionarios públicos deberán evitar los actos de revictimización; aplicar el protocolo para la atención de las personas de la comunidad LGBTTTI; y evitar prejuicios y estereotipos de género.
- Establece que se reconozca a la familia social de la víctima: personas del círculo más cercano que no sean parientes con consanguinidad. El motivo es la discriminación que suelen sufrir las mujeres trans con respecto a su familia. De esta manera, amigos o parejas amorosas, pueden solicitar acta de defunción en caso de muerte.